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| Orbis Beltré |
La duda internacional sobre la sentencia
del Tribunal Constitucional referente a la nacionalidad dominicana y al plan de
regularización migratoria, es la metástasis del cáncer que por décadas ha
estado en las entrañas de nuestra nación, y que ni a gobernantes ni a gobernados
nos interesó nunca extirpar a tiempo.
La dilatada y generalizada
corrupción en los Poderes rectores del Estado dominicano, nos ha grabado una
estampa que nos señala como un sistema de Gobierno veleidoso, y ha provocado
que la voz de nuestras autoridades no atraiga la necesaria confianza, ni local
ni extranjera.
Ahora nos cuesta demasiado
esfuerzo demostrar nuestra seriedad
Aunque sea verdad que la Sentencia
TC/168-13 vinculada a la nacionalidad y la migración tenga por único propósito
-sin violentar los derechos humanos- resolver un problema tan insoslayable, es
muy difícil que se deje ver como tal ante la comunidad internacional, por una
razón muy simple: el Gobierno dominicano, desde la “transición” de la dictadura
trujillista a la “democracia” que sustentamos hoy, salvo el
período Juan Bosch “febrero 27/septiembre 25 de 1963”, jamás ha sido
una figura de poder interesada en velar por la justicia; y tampoco ha sido
coherente ni confiable en su obligación de garantizar la dignidad de las personas.
Eso nos ha restado méritos ante el
mundo; eso nos ha restado respeto como Estado que ha de estar presto al
ejercicio de la buena fe del derecho en todas sus dimensiones.
Por eso, por más esfuerzos que hagamos
en presentar nuestros argumentos a través de tal sentencia como ajustados a lo
legal y a lo justo, el mundo no nos va a disimular su suspicacia, aunque
todos/as estén conscientes del deber ineludible que tiene el Estado dominicano
de regirse por sí mismo, conforme a su Constitución.
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